El Guardián del Calendario

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EL GUARDIÁN DEL CALENDARIO, CÓMO LA CADUCIDAD DECIDIÓ TODO

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Había una tarde de sol encendido en el corregimiento de La Loma, allá en el corazón del Cesar, cuando el tiempo comenzó a tejer su trama inexorable. Era el veintiocho de septiembre de dos mil dos, y César Augusto Carreño avanzaba tranquilo sobre su bicicleta, recorriendo el camino que lo llevaba hacia Puente Canoa, sin saber que ese sería el último atardecer que vería. Por la zona patrullaba un destacamento de los Escuadrones Móviles de Carabineros, los EMCAR, bajo el mando del capitán Edwin Javier Olarte Pérez, y en un instante que la memoria colectiva registraría con dolor, la disciplina se rompió y las armas hablaron sin motivo. No hubo aviso, no hubo amenaza, no hubo razón que justificara el disparo; solo la violencia súbita, desproporcionada y sin freno que segó una vida inocente y dejó a una familia sumida en la incertidumbre y el duelo.

Pero la justicia, aunque tarda, llega: los deudos no se resignaron al silencio, levantaron la voz y acudieron a los estrados para exigir que el Estado respondiera por el daño causado por quienes vestían su uniforme. Así comenzó un camino que atravesaría años, distancias y despachos, hasta llegar a la sala más alta de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El primer fallo llegó el tres de julio de dos mil ocho, cuando el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar declaró a la Nación responsable y la condenó a reparar el sufrimiento de los familiares. El proceso no terminó ahí: subió al Tribunal Administrativo del Cesar, que el siete de mayo de dos mil nueve confirmó la sentencia y ajustó las sumas reconocidas, quedando la decisión firme y ejecutoriada el veinte de mayo de ese mismo año. Desde ese día, el reloj empezó a correr: la ley le concedía a la entidad dieciocho meses para cumplir y pagar lo ordenado, un plazo que se agotó el veintiuno de noviembre de dos mil diez.

La Policía Nacional no dio cumplimiento sino hasta el cuatro de febrero de dos mil once, cuando expidió la resolución que ordenaba el desembolso, y el dinero llegó efectivamente a manos de los beneficiarios el veintiocho de febrero siguiente. Sin embargo, la Corte Constitucional ya había establecido con claridad meridiana que el plazo para repetir no nace necesariamente cuando el dinero sale de las arcas del Estado, sino cuando ocurre antes: el pago o el vencimiento de esos dieciocho meses de gracia. Como la demora venció primero, fue esa fecha, el veintidós de noviembre de dos mil diez, la que marcó el inicio del cómputo: dos años exactos para reclamar, sin prórroga ni clemencia.

Transcurrido el pago, la institución revisó lo sucedido y llegó a la conclusión de que la conducta del capitán Olarte no había sido un simple error, sino una falta grave: había ignorado los reglamentos, había disparado sin necesidad, había actuado con descuido tan reprochable que rayaba en la imprudencia. El Comité de Conciliación autorizó entonces la acción de repetición, convencido de que nadie debía cargar con las consecuencias de culpas ajenas, y mucho menos el erario público. La demanda se presentó el veintiséis de febrero de dos mil trece, exigiendo la devolución de trescientos cincuenta y nueve millones doscientos veinte mil ochocientos doce pesos. El Tribunal del Cesar la recibió y la tramitó, pero cuando llegó el momento de fallar, el diecinueve de marzo de dos mil quince, negó las pretensiones no por dudar de la injusticia ni de la responsabilidad, sino por un detalle formal: estimó que no había constancia fehaciente de que el dinero hubiera sido recibido por la familia, pues faltaba un sello o una firma que lo acreditara sin lugar a dudas.

La Policía, indignada por lo que consideró un tecnicismo injusto, apeló la decisión, y el expediente voló hasta Bogotá, donde todos esperaban que el debate girara en torno a papeles y recibos, sin sospechar que la verdadera sentencia no se escribiría con tinta burocrática, sino con números y tiempo.

Cuando los magistrados de la Sección Tercera abrieron el expediente, no se limitaron a revisar lo que las partes les pedían. El artículo ciento ochenta y siete del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo les impone una misión superior: velar por que el proceso se haya desarrollado dentro de los límites que la ley señala, y entre esos límites ninguno es más innegociable que el del tiempo. La caducidad no es un recurso de defensa que se pueda guardar o callar; es la puerta que se cierra cuando llega la hora, y el juez tiene el deber de señalarla aunque nadie la haya mencionado. Es la guardiana de la seguridad jurídica: asegura que las personas no queden expuestas a reclamos eternos, que el pasado no se reabra indefinidamente, que la confianza en el ordenamiento tenga un asiento firme.

No admite pactos, no se aplaza por cortesía, no se suspende por buena intención. Corre igual para todos, con la misma serenidad implacable, y cuando llega su fin, extingue el derecho como el sol se oculta al atardecer. Por eso, aunque en todo el proceso nadie habló de plazos, los magistrados tomaron el calendario y lo examinaron con la precisión de quien lee el destino.